Para dar cumplimiento al Decreto 995 de 2022, la Supersalud citó a a 27 EPS para que presentaran sus planes de pago correspondientes
“Requerimos a cada una de las EPS autorizadas para verificar los soportes correspondientes del cumplimiento a los compromisos establecidos y en los casos donde se identifiquen incumplimientos aplicaremos las acciones de control y sancionatorias correspondientes”, aseguró Ulahí Beltrán López, titular de la Supersalud.
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) permitirá a las EPS disponer de sus reservas técnicas, siempre y cuando el destino de los recursos sea la cancelación de sus acreencias con los prestadores de servicios de salud. La decisión está sujeta al marco normativo definido en el Decreto 995 de 2022, en el cual se estableció al 30 de septiembre como plazo para realizar los pagos viabilizados.
Dentro del sistema de salud colombiano, los pagos viabilizados incluyen a la relación de los prestadores, proveedores de servicios y tecnologías en salud con los montos correspondientes. Dichos procesos se encuentran bajo seguimiento, aunque posteriormente el ente de vigilancia y control verificará las facturas y soportes de pago realizados.
“Requerimos a cada una de las EPS autorizadas para verificar los soportes correspondientes del cumplimiento a los compromisos establecidos y en los casos donde se identifiquen incumplimientos aplicaremos las acciones de control y sancionatorias correspondientes”, aseguró Ulahí Beltrán López, titular de la Supersalud.
Balance general de la medida implementada para las EPS
Para dar cumplimiento al Decreto 995 de 2022, la Supersalud citó a a 27 EPS para que presentaran sus planes de pago correspondientes. Sin embargo, solo se viabilizaron 11, 9 de ellos girados efectivamente por las siguientes entidades: Nueva EPS, Comfenalco Valle, Comfamiliar Guajira, Coosalud, Cajacopi Atlántico, Capital Salud, Comfachocó, Capresoca y Famisanar. El monto total de estas operaciones asciende a $848 mil millones.
Como resultado de la decisión, se cancelaron las obligaciones pendientes a 1.050 prestadores públicos, 1.205 privados, 11 de naturaleza mixta y 307 proveedores de servicios. Las acreencias correspondían a la prestación de servicios de salud que hicieron parte de los servicios y tecnologías con cargo a la UPC.
“Esta medida adoptada por el Gobierno Nacional tiene como objetivo permitir un flujo de recursos importante para la red prestadora de servicios y disminuir así, la cartera millonaria entre administradoras de recursos y prestadores”, indicó Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social.
Los pagos realizados a través de este mecanismo se tendrán en cuenta para el cálculo del régimen de inversiones, como parte del cumplimiento de la habilitación financiera teniendo en cuenta la metodología definida por la Supersalud.
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