La Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió una advertencia dirigida a los entes territoriales sobre la carga que deberán asumir tras las reforma a la salud, ya que les serían asignadas varias labores que hoy están en manos de las EPS.
“múltiples acciones de tutela y las dificultades que impone asumir estas competencias con recursos centralizados”.
De acuerdo con el organismo del Ministerio Público, la gestión del riesgo en salud recaría sobre las alcaldías y gobernaciones; también tendrían que coordinar la gestión de todos los actores involucrados en la prestación de servicios de salud y serían responsables de la atención primaria de los habitantes.
En esa misma línea, las autoridades locales y regionales estarían encargadas de responder las “múltiples acciones de tutela y las dificultades que impone asumir estas competencias con recursos centralizados”.
Para Margarita Cabello, procuradora, el Estado debe reconocer y garantizar las capacidades reales, revisar si se debe “abandonar este modelo de salud que, con más de 30 años de desarrollo, ha llegado a una cobertura cercana al 99 %”. Asimismo, la PGN abre un interrogante:
¿realmente los entes territoriales están capacitados para responder por el sistema de salud en su jurisdicción? que no tiene una respuesta clara desde la perspectiva del organismo gubernamental.
En su breve comunicado, la Procuraduría señaló que abriría investigaciones disciplinarias por el creciente desabastecimiento de medicamentos en el país, situación sobre la que se han pronunciado varios actores sectoriales.
“Desde mediados de 2022 el Ministerio Público ha advertido sobre esta situación, oficiando al ministerio y al INVIMA para que se adopten medidas inmediatas que garanticen ese interrumpido suministro de medicamentos esenciales”; se lee en el pronunciamiento. Sin embargo, ante la falta de respuestas, el ente gubernamental decidió adoptar medidas más estrictas.
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