La Superintendencia Nacional de Salud anunció este 26 de agosto la liquidación del programa de salud de Comfamiliar Huila. Se trata de la primera decisión que toma el ente de vigilancia y control en el gobierno de Gustavo Petro, con el fin de salvaguardar el derecho a la salud de los 541.000 afiliados en Huila y Boyacá.

Esto quiere decir que, se ordena la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios así como la intervención forzosa administrativa del programa de salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila -Comfamiliar Huila-, ya que la entidad se encuentra en un estado financiero crítico y un alto nivel de pasivos acumulados con la red de hospitales y clínicas, con deterioro significativo en el cumplimiento de los indicadores asistenciales, vulnerando el derecho a la salud de sus afiliados.

Para el proceso de liquidación se designó a Juan Carlos Varela, actual director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila, como liquidador. Desde este rol, deberá garantizar la prestación del servicio de salud a la población afiliada hasta que se lleve a cabo su traslado.

De acuerdo con la Supersalud, en informe presentado con corte a mayo de 2022, la EPS Comfamiliar Huila tenía acreencias por $389.040 millones con su red prestadora y proveedora de servicios, monto equivalente a un aumento del 58% respecto del saldo registrado al cierre de 2018.

Además, en los últimos cuatro años, incumplió con las condiciones financieras y de solvencia y mantuvo esa tendencia: el patrimonio negativo asciende hasta los $375.701 millones, negativos en el capital mínimo por $375.701 millones y de $133.312 millones en el patrimonio adecuado. A este momento, la EPS Comfamiliar Huila mantiene un nivel de endeudamiento de 11.3 sobre los activos y su pasivo es de $412.299 millones, un 76.8% superior al valor reportado a diciembre de 2018.

Adicionalmente, se evidenció que la EPS no realizó suficientes procesos para conciliar, depurar y sanear las cuentas por pagar y cobrar con sus acreedores. En ese sentido, las gestiones pendientes se extendían al 70% de la red.

“No podemos permitir que las administradoras de recursos no cumplan con su rol y pongan en riesgo al ciudadano y seguiremos tomando decisiones en los casos que identifiquemos vulneración a sus derechos”, dijo el superintendente Ulahy Beltrán, al anunciar la orden de liquidación de esta EPS.

De acuerdo con la Supersalud, el programa de salud de Comfamiliar Huila registraba uno de los más altos niveles de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) del régimen subsidiado. En total, durante estos 8 meses recibió más de 8.267 PQRD de sus afiliados; entre enero y mayo, además, fue notificada de 749 acciones de tutela por concepto de atenciones en salud.

Por otra parte, se evidenció la baja captación de gestantes antes de la semana 12 para la detección de alteraciones durante el embarazo de manera temprana, lo cual desembocó en un aumento de casos de sífilis congénita y mortalidad perinatal.

También se detectaron barreras de acceso a servicios de alto costo como quimioterapias y radioterapias para cáncer y la imposición de dificultades para la atención a pacientes seropositivos o que requerían de algunos procedimientos quirúrgicos.