De esta cantidad, hay siete EPS que fueron identificadas en riesgo alto financiero: Savia Salud, SOS, Emssanar, Capresoca, Asmet Salud, Comfachocó y Ecoopsos. Estas “agrupan una población de más siete millones de afiliados y acumulan cuentas por pagar de 3,5 billones de pesos con sus prestadores y proveedores”, explicó la Superintendencia.

Especificaron que, de ese total de cartera, cerca de 2,7 billones de pesos se concentran en las EPS Emssanar, Asmet Salud y Savia Salud. Las anteriores “están con medida de vigilancia especial o intervención y más cuentas por pagar tienen con sus redes de prestación públicas y privadas, con sus proveedores de servicios y tecnologías, con los servicios de ambulancias, y con profesionales independientes”.

Savia Salud atiende a 1,6 millones de habitantes de Antioquia. Es una de las EPS más grandes del departamento y pertenece a la Gobernación (36,65 %), a la Alcaldía de Medellín (36,65 %) y a la Caja de Compensación Familiar Comfama (26,70 %).

Su continuidad y la no liquidación depende de la decisión de la Superintendencia de Salud, que la vigila por incumplimiento en varios indicadores. Justo ese periodo de seguimiento finaliza este viernes 27 de enero, por lo que estos días previos han estado cargados de llamados que argumentan la viabilidad de la EPS. Uno de los últimos fue el del gobernador del departamento, Aníbal Gaviria.

“Lo que esperamos es que se prorrogue la medida de vigilancia y continuar mejorando hasta que se produzca la reforma que el Gobierno está proponiendo y estará tramitando”, afirmó Gaviria.

Apoyó su argumento asegurando que, de los 19 indicadores de seguimiento, ha logrado cumplir al 100 % un total de 12, mientras que los siete restantes están sobre el 65 %.

“La Superintendencia tiene vigilancia en 19 indicadores Fénix y, de esos, a corte de diciembre del año 2022, se muestran los mejores resultados. Todos deberían estar por encima del 100 %, pero vamos avanzando, venimos de un cumplimiento del 40 o 50 % y ya tenemos 12 al 100 % y siete por más del 65 %″, detalló.

Asimismo, manifestó que la situación de la EPS creada desde 2013 no tiene que ver con mal funcionamiento, sino con un desequilibrio de la estructura del sistema en general.

“Yo he sido claro, frente a la opinión pública y lo quiero volver a reiterar: lo que hay es un problema estructural que tiene que ver con que la UPC, la del régimen contributivo, está en 167 mil pesos por encima de la del régimen subsidiado”, dijo el mandatario.

El año anterior, según las últimas cifras, Savia Salud pudo haber llegado a unas pérdidas de 150.000 millones de pesos. “La gente podrá considerar que es una pérdida astronómica, pero ojo, si tenemos en cuenta que Savia Salud tiene más de 1.500.000 afiliados del régimen subsidiado y multiplicamos esto por el diferencial de la UPC, Savia podría haber tenido 230 mil millones de pesos adicionales de ingresos y esto significaría, frente a los 150.000 millones de pérdida, 80.000 millones de ganancia neta”, calculó.

En medio de la incertidumbre que está aquejando a algunas EPS, la opinión pública ha empezado a debatir la pertinencia de la reforma a la salud que busca radicar el Gobierno nacional en el Congreso de la República.

Por lo pronto se sabe que el proyecto de ley será sometido a discusión en el Consejo de ministros que se llevará a cabo durante este fin de semana. Según le han contado fuentes a SEMANA, durante la reunión se busca unificar criterios dentro del Ejecutivo debido a que han saltado a la vista las diferencias entre distintos ministros.

Tal vez el más crítico de todos ha sido el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien tiene un peso en materia de salud porque durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos ocupó el cargo de ministro de Salud.

Para empezar, ha señalado en múltiples ocasiones que no está de acuerdo con la afirmación de que el sistema de salud colombiano es uno de los peores del mundo, un argumento que han esbozado en múltiples ocasiones el presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho.

También ha señalado que no sería tan buena idea eliminar las EPS, una posición que ha sido prácticamente innegociable para la ministra Corcho. “El régimen especial de las Fuerzas Armadas no tiene EPS, es un sistema meramente público, sin intermediación, pero enfrenta los mismos problemas del sistema general. El sistema del magisterio tampoco tiene EPS y también tiene grandes problemas financieros y de atención”, escribió Gaviria en un texto antiguo que volvió a compartir recientemente.

Y luego lanza una dura sentencia: “En síntesis, unos cuantos datos pueden destruir una ideología recalcitrante. La evidencia es clara, contundente: los problemas financieros de la salud tienen causas complejas y su solución va mucho más allá del eslogan conveniente, No más EPS”.

Si bien en el trino en el que se refirió al sistema de salud, Gaviria no hizo mención a la ministra Carolina Corcho, el hecho de que compartiera de nuevo esta publicación fue tomado por algunos sectores como un sablazo a su compañera de gabinete, quien es crítica de las EPS.

Según ha conocido SEMANA, Gaviria no es el único en el gabinete que ha mostrado inquietud por la reforma a la salud. Cecilia López, ministra de Agricultura, quien conoce del asunto a fondo porque fue presidenta del Seguro Social en la década de los noventa, también ha mostrado reparos.

Distintos gremios del sector se han quejado con fuerza de la falta de socialización que ha tenido la iniciativa. De hecho, durante la semana pasada, varios sectores emitieron un comunicado en el cual le pidieron al Gobierno dar a conocer cuál es el contenido del articulado.

De hecho, la semana pasada se conoció un comunicado de prensa de 11 organizaciones empresariales y del sector salud. Se puede considerar un pronunciamiento de alto nivel, porque recoge la opinión de Fenalco, Afridro, la Andi, Asocajas, Acemi, Gestarsalud, la Asociación Colombiana De Enfermos Hepáticos y Renales (ACHR), Pacientes Colombia, Fundación Retorno Vital, Grupo de Economía de la Salud y la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Lo trascendental de la comunicación enviada, es que coinciden y se suman a lo dicho en la mañana de este jueves por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Es decir, piden más participación y claridad.

“Es de la mayor importancia que esta reforma, que afecta de manera directa la atención en salud de todos los colombianos y la sostenibilidad del sistema, cuente con los espacios de construcción, deliberación y concertación con la voz de todos los actores, como lo ha prometido el Gobierno para esta y todas las reformas. Esto comienza por conocer el texto de la reforma, previa su discusión por el Legislativo. Hacemos un llamado al Gobierno nacional para permitir y promover una conversación que asegure que cualquier reforma al sistema sea viable y sostenible en el tiempo y se traduzca en mejoras reales para los pacientes y la salud de los colombianos. Todas las voces acá representadas tenemos mucho que aportar en esta discusión y hemos expresado nuestra disposición al diálogo social, la cual reiteramos con el mayor ánimo propositivo y para beneficio de nuestro país”, aseguraron.

Como contexto, las organizaciones de pacientes, representantes de la academia y gremios de hospitales, operadores logísticos, gestores farmacéuticos, aseguradores e industria farmacéutica y de dispositivos médicos, dijeron sentir inquietud frente al trámite de la reforma a la salud.

Asimismo, mencionaron que a partir de lo escuchado, por declaraciones públicas de voceros del gobierno, han encontrado coincidencias en algunos aspectos, pero también inquietudes y preocupación frente a otros.