El Ministerio de Salud presentó la posible asignación de recursos a los departamentos y distritos para pago de deudas por atención a la población migrante

Mediante un proyecto de resolución, el Ministerio de Salud dio a conocer cuál sería el monto del giro por atención a la población migrante que correspondería a las entidades departamentales y distritales por este concepto. En total, los recursos asignados para este fin son $468.218.045.058,43 que serán tomados del Presupuesto General de la Nación y cuyo valor es de $500 millones de pesos.
Antes de continuar es preciso mencionar que Colombia cuenta con diversas estrategias de protección para los habitantes de Venezuela que ingresan al país. Una de ellas -y quizás la más conocida- es el Estatuto Temporal de Protección, adoptado desde marzo de este año. Esta medida humanitaria facilitará el acceso a servicios y oportunidades para las personas que ingresen al territorio nacional.
En materia de salud, desde agosto de 2021 se admitió el Permiso por Protección Temporal (PPT) como documento válido para que la población migrante se afilie al Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien sea desde el régimen contributivo o el régimen subsidiado. Con ello, se pueden beneficiar las familias de todo lo que está incluido en el Plan de Beneficios de Salud, como servicios de odontología, programas de prevención y prevención o controles prenatales.

Además, según lo establecido en el Decreto 1199 de 2021 dicha normativa, a la vigencia fiscal 2021 del Minsalud se añadió el mejoramiento de la red de urgencias y la atención de enfermedades catastróficas y accidentes de tráfico para recibir recursos que faciliten dicha labor. Sin embargo, se debe tener en cuenta que antes de su expedición, las autoridades sanitarias ya habían solicitado al Ministerio de Hacienda la asignación de recursos que permitieran a los 32 departamentos saldar las deudas que presentaban por atención en salud a la población migrante.
Con la asignación de recursos, se deberá cofinanciar el pago de las deudas reconocidas de las cuentas auditadas y conciliadas, tanto a nivel departamental como distrital. Bajo esa premisa, lo anterior aplica para la ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, las entidades territoriales correspondientes y las IPS habilitadas en el Registro Especial de Prestadores – REPS.
Conozca el monto asignado por atención a la población migrante en cada territorio
Para la distribución del valor asignado, el Minsalud tomó en cuenta la facturación hasta el 30 de abril de 2021 por el concepto “Valor pendiente de pago de las cuentas auditadas, conciliadas y reconocidas”, reportada y certificada por las entidades territoriales según la información entregada por las instituciones prestadoras de salud.
Entidad territorial Valor asignado ($) ANTIOQUIA 3.958.984.218,00 ARAUCA 14.044.468.541,65 ATLÁNTICO 15.525.531.451,50 BARRANQUILLA 18.913.198.986,30 BOGOTA 8.868.754.340,00 BOLIVAR 3.574.065.979,00 BOYACÁ 2.599.899.926,00 BUENAVENTURA 516.459.049,76 CAQUETÁ 665.891.950,00 CARTAGENA 43.764.636.154,68 CASANARE 2.836.432.892,36 CAUCA 10.785.430.846,00 CESAR 17.955.466.626,00 CHOCÓ 17.623.945,00 CUNDINAMARCA 19.186.831.659,63 GUAINIA 563.233.432,00 GUAVIARE 1.555.460.706,00 HUILA 5.962.584.227,80 LA GUAJIRA 73.851.683.888,13 META 10.854.121.714,00 NARIÑO 9.067.260.157,00 NORTE DE SANTANDER 70.481.221.301,92 PUTUMAYO 2.933.996.273,35 QUINDIO 1.932.524.070,00 RISARALDA 339.772.535,00 SANTA MARTA 23.452.909.728,00 SANTANDER 28.623.455.588,22 SUCRE 2.509.107.640,34 TOLIMA 4.634.513.163,00 VALLE DEL CAUCA 62.931.654.287,80 VAUPES 145.710,00 VICHADA 5.310.724.070,00 Total: 468.218.045.058,43
Como obligaciones para los departamentos y distritos, se deberá ejecutar los recursos asignados y girados a la red prestadora de servicios de salud, de conformidad con la información remitida, sin situación de fondos. Por su parte, las IPS deberán registrar en sus estados contables y financieros el valor del giro recibido, con base en la información suministrada por las entidades territoriales y lo publicado por la ADRES y priorizar el pago al talento humano que ha brindado atención a la población migrante.

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