La ministra de Salud, Carolina Corcho, se refirió a las denuncias que en los últimos días realizó la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral —Acemi—. En ellas, señalaron que el Gobierno nacional les debe 2.6 billones de pesos por concepto de atenciones médicas prestadas fuera de los planes complementarios.
“El gobierno ha dispuesto importantes recursos para adición presupuestal, y ha logrado el incremento real más importante de la UPC en 16,2 para ambos regímenes —contributivo y subsidiado—”
Paula Acosta, presidenta de esta agremiación, le aseguró a El Tiempo el pasado martes 3 de enero que el Gobierno tiene deudas incluso desde 2021.
“Hasta el pasado 30 de diciembre, estábamos pendientes de las resoluciones que debe expedir el Ministerio de Salud y Protección Social para reconocer las deudas por concepto de las prestaciones y atenciones que se hacen por fuera del plan de beneficios y que no se cubre con cargo a la UPC. Según las cuentas de Acemi, estas deudas ascienden a 2,6 billones de pesos”, sostuvo Acosta.
Sobre esto, la jefa de la cartera de Salud y Protección Social manifestó sentirse sorprendida, y en diálogo con W Radio, indicó que esos pagos están contemplados en la adición presupuestal de la reforma tributaria aprobada a finales del año pasado. Sumado a eso, aclaró que esa entidad mantiene permanentes conversaciones con las EPS.
“Hasta el pasado 30 de diciembre, estábamos pendientes de las resoluciones que debe expedir el Ministerio de Salud y Protección Social para reconocer las deudas por concepto de las prestaciones y atenciones que se hacen por fuera del plan de beneficios y que no se cubre con cargo a la UPC»
“El Gobierno se ha venido reuniendo con presidentes de las EPS, desde octubre más de cuatro reuniones, para analizar una solución a la problemática”, le dijo Corcho al medio citado. Además, advirtió que en 2022 la Superintendencia Nacional de Salud recibió más de un millón de quejas, de las cuales 350.000 eran de “personas suplicando por sus vidas”.
La ministra también sostuvo a través de su cuenta de Twitter que entre las EPS que fueron liquidadas y las que están en proceso de liquidación le deben a clínicas y hospitales 33 billones de pesos y que el déficit actual es de 16.6 billones. También expuso que “El gobierno ha dispuesto importantes recursos para adición presupuestal, y ha logrado el incremento real más importante de la UPC en 16,2 para ambos regímenes —contributivo y subsidiado—”.
En ese sentido, Corcho manifestó en la emisora mencionada que hay un problema en el modelo actual del sistema de salud, sustentado en que cuando inició había 150 EPS. “La ciudadanía colombiana no se merece que sigamos liquidando estas EPS”, añadió, y en ese orden dio a conocer que le ha propuesto a “las buenas EPS” ser prestadoras de salud y puso como ejemplos los casos de Sanitas (que cuenta con la Clínica Colombia), y Sura “que también tiene su infraestructura”.
Esa deuda que tienen las EPS con clínicas y hospitales del país la había dado a conocer la Supersalud en octubre del año pasado. Sobre esa cifra, el líder de esta entidad, Ulahí Beltrán, manifestó su preocupación al indicar que había una preocupación evidente “por el incumplimiento en los pagos por parte de las administradoras de recursos y que tiene en crisis al sector prestador de servicios, tanto público como privado”.
Incluso, advirtió que el problema es más grave de lo que parece, pues el nivel de deudas haría que las clínicas no puedan seguir con sus obligaciones ante las EPS”.
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Uno de los temas que más ha generado debates en las últimas semanas es la reforma a la salud. Argumentos a favor y en contra vienen, unos análisis coinciden en que se necesita más claridad y otros en que la propuesta ha sido poco discutida. Contrario a este cúmulo de argumentos, la ministra Carolina Corcho, escribió que si han propiciado encuentros de diferentes niveles.