De ese monto aproximado, la mayor participación en la deuda total le corresponde, una vez más, a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del Régimen Contributivo (51,6 %), seguida por las EPS-S del Régimen Subsidiado (22,9 %) y en tercer lugar el Estado (9,6 %), la cual incluye la deuda de las Entidades Territoriales de salud, de la nueva entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

En cifras más recientes, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) reportó que la deuda de los prestadores de salud a los hospitales públicos, con corte a junio de 2022, es de $10,6 billones.

Según la Acesi, la entidad que encabeza el ranking de las más deudoras es Nueva EPS, que tiene una cartera morosa total de $964.379 millones. Le sigue Asmet Salud EPS, con $406.816 billones de deuda a cumulada con corte a junio del año en curso. El otro actor con cartera morosa a los hospitales le corresponde a otros deudores por venta de servicios de salud, que acumulan $335.841 millones. A este le sigue la Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS (Emssanar ESS), con $374.190 millones de deuda a la red hospitalaria del país. La cuarta con más deudas es la Cooperativa de Salud Comunitaria (Comparta), con $280.918 millones; y termina Savia Salud EPS, con $244.031 millones..

Esta última se salvó de entrar en proceso de liquidación, cuando la Superintendencia de Salud tomó la decisión de prorrogar por cuatro meses la medida de vigilancia especial para definir si continuaba en funcionamiento, o si definitivamente desaparecía.

Estas siete empresas acumulan deudas por $2,6 billones.

Por todo esto, la Superintendencia de Salud, liderada por Ulahí Beltrán, anunció hace unas semanas que se encuentra realizando una evaluación rigurosa bajo vigilancia especial a 10 EPS que no están cumpliendo los parámetros básicos financieros y jurídicos.

Esas 10 EPS que están bajo la lupa de la Superintendencia Nacional de Salud, además de Savia Salud, son: Dusakawi, Capresoca, Asmet Salud, Ecoopsos, Emssanar, Comfamiliar Guajira, Comfamiliar Chocó, Comfamiliar Oriente y S.O.S Servicio Occidental de Salud. Estas entidades tienen en conjunto 7,8 millones de afiliados.

La Supersalud tiene estas empresas bajo vigilancia debido a sus deudas, que alcanzan hasta $5 billones. De acuerdo con datos del Ministerio, la medida de vigilancia especial se refiere a un mecanismo preventivo sobre los actos y operaciones de la entidad que busca su recuperación y saneamiento. Quiere decir que son medidas de cumplimiento y preventivas tomadas por la Superintendencia para las instituciones objeto de la medida.

Según Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de Acesi, el resultado de todas estas cifras es la relación perjudicial que se genera entre las EPS y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que son en últimas las que prestan el servicio clínico u hospitalario al usuario.

Esto, porque, según explica, “cuando se liquida una EPS y las deudas no son pagadas, hay una grave afectación en las prestadoras, que luego se traduce en un mal servicio al usuario, al no tener oportunidad de acceso”.

Y es que las EPS, que cumplen el papel de intermediarias, son las que más deben dinero a las IPS. En total, el régimen contributivo adeuda $2,3 billones y el subsidiado, $5,1 billones.

Por eso Zuluaga alerta que en este momento hay un problema serio de financiamiento en la red pública hospitalaria, porque $3 billones están atrapados en EPS liquidadas. “Las EPS que en este momento se encuentran operando, en ambos régimen, tienen un flujo de recursos bastante regular. La cartera corriente que debía ser pagada anticipada en contratos bajo modalidad de capitación, está recibiendo en el mejor de los casos 85% de los recursos, quedando en cartera 15%».