Pese a que se trata de un proceso traumático para los pacientes y para todo el sistema de salud, existe la posibilidad de que haya incluso más EPS liquidadas. EL COLOMBIANO pudo confirmar que hay al menos 10 que se encuentran bajo medidas de vigilancia especial porque tienen dificultades económicas y de calidad en la atención.

Dos de ellas (Comfaoriente y Servicio Occidental de Salud S.O.S.) están en programas de recuperación y una de ellas (Emssanar) ya fue sometida a una toma de posesión forzosa.

A su vez, la continuidad de Savia Salud –la EPS pública antioqueña con más de 1,7 millones de usuarios– estuvo en suspenso a comienzos del mes, pero recibió una prórroga de cuatro meses para sanear sus cuentas y enderezar sus indicadores sanitarios.

Las liquidaciones se dan cuando la Superintendencia de Salud le quita el permiso de operar a una EPS debido a que no cumple con requisitos financieros y sanitarios que garanticen el bienestar de sus afiliados.

Son procesos traumáticos para todos los actores de salud, pues afectan a los pacientes y la calidad de atención que reciben y a las IPS que frecuentemente se quedan sin quién les pague millonarias deudas.

Hoy, sin embargo, 43 millones de colombianos están afiliados a EPS que no están bajo medidas especiales de la Superintendencia de Salud.

“El proceso que estamos viendo dentro del sistema de salud es normal, de consolidación. Dentro de esos procesos de tener mejores estándares, mayor solidez, algunas EPS no han podido cumplir y se han ido del mercado”, dijo Paula Acosta, presidenta de Acemi, que agremia a 11 EPS del país.

Según dijo, las EPS que van quedando en el sistema tienen mejores indicadores y son capaces de prestarles mejores servicios a los pacientes.

Advirtió que, en todo caso, les preocupan los efectos que causan las liquidaciones de EPS que incumplen a todo el sistema de salud. “Las deudas que les dejan a los prestadores y a los proveedores hacen que se deteriore todo el sector”, indicó.

Según su explicación, estas cuentas pendientes pueden provocar que las IPS y los distribuidores de medicamentos aumenten sus precios y que esas tarifas altas afecten el bolsillo del resto de EPS.

Multimillonarias deudas

Solo este año, entre el Gobierno del expresidente Iván Duque y el del presidente Petro, han entrado en liquidación cuatro EPS: Coomeva (que tenía 1,2 millones de afiliados), Medimás (1,5 millones), Comfamiliar Huila (540 mil) y Convida (475 mil). Sumaban más de 3,7 millones de personas afiliadas.

Algunos expertos consideran que la alta frecuencia de las liquidaciones es dañina para la salud pública. “Las EPS que están recibiendo estos afiliados están teniendo una sobrecarga y de alguna forma eso impacta en los indicadores de calidad y de oportunidad”, dijo Jesús Albrey González, presidente del Colegio en Derecho Médico y consultor jurídico en Salud.

Con las liquidaciones de este año (ver gráfico) las EPS que más afiliados nuevos han recibido son la Nueva EPS (más de 1 millón), Sanitas (820 mil) y Salud Total (498 mil).

González señaló que en el papel la normativa de liquidación está diseñada para que los pacientes no tengan mayores inconvenientes durante los traslados de EPS.

Por ejemplo, explicó que los afiliados son trasladados a nuevas EPS en las que deben permanecer por lo menos 90 días, para garantizar cierta estabilidad durante la adaptación a los nuevos servicios de salud. A su vez, las EPS están obligadas a brindarles tratamientos continuos, sobre todo a pacientes vulnerables que sufren de enfermedades graves.

La norma, además, señala que a quienes necesitan de estos servicios especiales no se les debe cambiar de IPS. Según González, las EPS deben garantizar la continuidad de los tratamientos con las mismas IPS, mientras se identifica una nueva que se acomode al paciente. Es decir, no necesariamente tiene que haber convenios entre la IPS a la que asistían los pacientes normalmente y la EPS nueva para que un afiliado siga siendo atendido.

De nuevo, en el papel el centro es el paciente. “Pero otra cosa sucede en la realidad. Vemos que los pacientes sí terminan afectados, sus tratamientos se interrumpen y deben volver a hacer los trámites administrativos”, dijo González.

También pasa que las EPS liquidadas dejan millonarias deudas con las IPS que, sin embargo, deben seguir atendiendo a los afiliados.

De hecho, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) asegura que, hasta junio de este año, las EPS liquidadas le seguían debiendo $2,6 billones a las instituciones sanitarias públicas.

Las que tenían la cartera más abultada eran Medimás y Coomeva, precisamente porque fueron las que entraron a liquidación más recientemente. No obstante, resalta el nombre de Cafesalud, que fue liquidada en 2019. Sigue teniendo una deuda cercana a los $450.000 millones, sin contar con lo que les debe a los privados. Las deudas de Comfamiliar Huila y Convida aún no han entrado en la cuenta de Acesi.

“La cartera nos afecta igual que a las IPS privadas, pero en lo concerniente al flujo de recursos también nos vemos afectados”, indicó. Según explicó, las EPS en ocasiones no contratan sus nuevos servicios con las redes hospitalarias públicas. “Esto está generando problemas para el usuario porque encuentra barreras de acceso, pues lo hacen trasladar a otros sitios”, puntualizó.

La novela de Convida

La liquidación de la EPS Convida ha sido una intensa trama en sí misma. La decisión ameritó un pronunciamiento de la Procuraduría y, además, armó una pelotera entre la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud.

Por un lado, el Ministerio Público le pidió explicaciones a la Supersalud sobre los recientes procesos de liquidación de Convida y Comfamiliar Huila. Solicitó que garantice la prestación de servicios de los pacientes, sobre todo de los que tienen “enfermedades catastróficas o crónicas”. Y requirió, además, que especifique cuáles son los criterios que usó para ordenar las liquidaciones.

Mientras tanto, el choque entre la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional por la salida de Convida llegó a los estrados judiciales e incluso podría crear un escenario sin ningún precedente para la salud pública del país.

Una vez se conoció la resolución de la Supersalud, la Gobernación manifestó que la acataba, pero no la compartía. Desde entonces, empezó una intensa cruzada jurídica para frenar la salida de Convida del sistema de salud.

Por un lado, recusaron a la ministra de Salud, Carolina Corcho, y al superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, argumentando que estaban impedidos para oficiar liquidaciones de EPS, pues se habían pronunciado en contra de estas entidades antes de posesionarse en sus cargos y, por ello, tendrían conflictos de interés.

Como la recusación no fue respondida y el proceso de liquidación siguió adelante, la Gobernación radicó una demanda de nulidad ante el Tribunal de Cundinamarca. De lograr un fallo a favor, podrían conseguir algo histórico: que la liquidación se eche para atrás. La decisión, calculan en la Gobernación, aún puede tardar un par de meses.

Pero el tema jurídico no es lo único que preocupa. Uno de los argumentos fuertes del área jurídica de la Gobernación apunta a que en al menos 35 municipios de Cundinamarca la única EPS que tenía cobertura era Convida, por lo cual los pacientes han resultado fuertemente afectados.

“Hubo tutelas frente a la vulneración del derecho a la salud. Entendemos que son casi 200”, aseguró Freddy Orjuela, secretario jurídico de la Gobernación de Cundinamarca.

Sobre esto, el Ministerio de Salud le respondió a EL COLOMBIANO que “es fundamental que las EPS receptoras avancen rápidamente en la ampliación de la red de atención en estos procesos de asignación”.

Así mismo, indicaron que una vez la Supersalud tomó la decisión de liquidar a Convida y a Comfamiliar Huila, hicieron un traspaso masivo de datos. Según indicaron, enviaron “la mayor cantidad de información (pacientes alto costo, gestante, datos de contacto, entre otros) de cada afiliado, que le permita a cada EPS receptora garantizar la continuidad de aseguramiento”.

La Supersalud, por su parte, argumentó que es más nocivo que una EPS que no está atendiendo adecuadamente a sus pacientes siga en el sistema.

¿En riesgo el sistema?

Pese a lo agitadas que han sido las conversaciones respecto a la reforma a la salud que está cocinando el Gobierno (ver ¿qué sigue?), los distintos actores sanitarios han coincidido en algo: el sistema sí necesita un cambio. La constante liquidación de EPS es muestra de ello.

Elisa Torrenegra, directora de Gestarsalud, que agrupa a varias EPS del régimen subsidiado, señaló que es frecuente que la inconformidad de los afiliados incremente cuando los trasladan de EPS forzosamente. En ocasiones, indicó, esto se da porque desconocen cómo funcionan los canales de atención y dónde quedan los centros donde los pueden atender.

Sin embargo, dijo que “una vez se da el periodo de transición y se cuenta con la capacidad resolutiva de las organizaciones receptoras, rápidamente pueden darles a los afiliados recibidos mejores estándares en el acceso y atención de los servicios”.

Paula Acosta, de Acemi, añadió que los pacientes que vienen de EPS liquidadas generalmente han tenido servicios de salud retrasados.

“Doy un ejemplo. Según los reportes del Ministerio de Salud, quienes venían de algunas EPS liquidadas del régimen subsidiado tenían apenas 3 atenciones en promedio cada año. Cuando llegan a las EPS de Acemi reciben más de 19 atenciones”, explicó Acosta.

Por su parte, el abogado González dijo que debería existir una política de Gobierno que permita ir depurando el sistema de las EPS que no garantizan el derecho a la salud de los usuarios.

“También debería establecerse la normativa de un plan de choque para que se les pague a los prestadores de servicios de salud las deudas, porque son ellos los que garantizan el acceso efectivo a la salud”, concluyó.

No obstante, se abstuvo de pronunciarse sobre la posible desaparición de las EPS que se ha esbozado desde el Gobierno. Consideró que no es adecuado definir una postura sin que se conozca cuál es el texto de la reforma que tramitará el Congreso, cuyo borrador se le presentará al país en noviembre próximo